📉 Cambios recientes en el programa REPROCANN En agosto de 2024, el Ministerio de Salud introdujo la Resolución 3132/2024, que establece nuevos requisitos para médicos y ONGs que participan en el programa REPROCANN. Médicos: Ahora deben contar con una diplomatura o maestría específica en el uso medicinal del cannabis para poder prescribir. ONGs: Deben estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización correspondiente a cada jurisdicción. Cultivadores solidarios: Se limita su capacidad a cultivar para un máximo de dos personas, incluyendo al propio cultivador. Estas medidas han generado preocupación entre pacientes y organizaciones, quienes consideran que estas restricciones podrían dificultar el acceso al cannabis medicinal para quienes más lo necesitan. 🌱 Cultivadores que también son pacientes El nuevo marco establece que un cultivador solidario que sea también paciente solo puede cultivar para sí mismo y una persona adicional. Esta medida reduce la posibilidad de compartir el cultivo con otros pacientes que lo necesiten, afectando directamente a quienes dependen del autocultivo para tratamientos terapéuticos. 🧪 Producción de aceites medicinales La producción de aceites de cannabis medicinal enfrenta desafíos adicionales debido a la falta de una regulación clara para pequeños productores y cultivadores solidarios. A pesar de las capacitaciones ofrecidas, como las de la UTN, las exigencias actuales complican la producción a pequeña escala, empujando a muchos pacientes hacia el mercado ilegal. ⚖️ ¿Favorecimiento al narcotráfico? Algunos sectores sostienen que el endurecimiento de los requisitos y la limitación en la cantidad de pacientes atendidos por un solo cultivador solidario terminan favoreciendo al narcotráfico. La falta de acceso legal y seguro al cannabis medicinal podría aumentar la demanda en el mercado negro, beneficiando a actores ilegales mientras los pacientes quedan desamparados. 🧭 Conclusión Las nuevas medidas del gobierno, lejos de favorecer el acceso seguro al cannabis medicinal, exponen una postura especulativa e inhumana que parece priorizar el control burocrático sobre el bienestar de los pacientes. En lugar de garantizar el acceso justo y equitativo, se restringen derechos y se abren puertas al mercado ilegal, afectando a quienes más necesitan estos tratamientos. La falta de sensibilidad hacia los usuarios medicinales sugiere una gestión que beneficia indirectamente al narcotráfico, mientras los pacientes siguen esperando una política realmente inclusiva y empática.